Como cada 20 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. Y como sin un empleo digno, la justicia social no es posible; desde la RED TIL (Técnicos/as de Inserción Laboral) de Lugo, de la que Cáritas Diocesana de Lugo es parte, elegimos este día para celebrar, cada año, un acto de reivindicación, sensibilización y formación.
Este año la Jornada de Justicia Social tuvo lugar en el Vello Cárcere de Lugo a las once de la mañana.
La apertura del acto corrió a cargo de María Isabel Rodríguez, Subdelegada del Gobierno en Lugo y los concejales Mauricio Repetto y Olga Racamonde.
Destacaron la labor de las entidades del tercer sector que forman parte de la Red TIL en favor de la justicia social y el empleo.
El tema central fue la Explotación Laboral y la Trata de Personas. Para hablar de este tema contamos con profesionales del tercer sector, del derecho y de las fuerzas de seguridad.
Rosa Mosquera, prospectora de Ecos do Sur, comenta la dificultad de controlar la explotación laboral en los sectores más precarizados a los que se ven abocados las personas acompañadas por las entidades del tercer sector. Ante esto, desde las entidades se fomenta la promoción de estas personas a través de itinerarios de inserción laborar y actividades formativas.
A continuación, Cristina Puigdengolas, abogada en Diaconía España, y José Manuel Sánchez Murias, Capitán y Jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Lugo, fueron un paso más allá de la explotación laboral para hablar de la Trata de Personas.
Cristina comenzaba su intervención explicando lo que supone la trata de personas: “El único fin de la trata, es la explotación de la persona. Lo que supone despojarla de su condición humana para transformarla en un producto mercantil que da mucho dinero.”, para continuar señalando que la trata es la forma de “esclavitud moderna” que tiene que ver con la “pobreza, la credulidad y la vulnerabilidad”. Personas que se encuentran en una situación de precariedad tan grave (guerra, violencia, hambre, etc.) que los lleva a confiar en terceros (no siempre siendo mafias los que están detrás, sino, en algunos casos, personas de confianza de su entorno) que, prometiendo un empleo y una mejor calidad de vida, les captan mediante engaño para trasladarlas de país (o incluso dentro del mismo país) y se apoderan hasta las últimas consecuencias de esas personas, generando en ellas una situación de vulnerabilidad que no les deje otro remedio que hacer los que se les pide.
Actualmente, sobre todo desde la pandemia, la captación con fines de trata de personas se adapta a los medios de comunicación de hoy en día como son las redes sociales. Mediante estas, resulta más sencillo contactar con personas en situación de extrema vulnerabilidad para ser captadas bajo la promesa de un empleo digno, para posteriormente ser sometidas a trabajos forzosos, esclavitud, servidumbre o explotación sexual.
José Manuel Sánchez Murias, destacó la importancia de las inspecciones en “todos aquellos centros susceptibles donde pueda existir una situación de trata”. Con respecto al ámbito laboral, estas inspecciones se enfocan a sectores precarizados como “el agrícola, la construcción y el de los trabajos domésticos y de cuidado de personas mayores”. Fruto de esas inspecciones, se llevan a cabo operativos a través de los cuales se consiguen liberar a las víctimas de trata.
Aunque las denuncias son pocas, ya que “las personas en situación irregular no se atreven a denunciar por el temor de ser expulsado del país”, se destacó la colaboración de la ciudadanía, poniendo en alerta a la guardia civil ante situaciones anómalas, lo que les permite realizar inspecciones y finalmente, en muchos casos, liberar a víctimas que estaban en condiciones de explotación, precariedad y con sus derechos vulnerados. Un perfil común de víctima de explotación es el de mujer, de origen latinoamericano, en situación irregular y que se ve obligada a trabajar en régimen interno en domicilios o granjas a lo largo del territorio gallego. “Podemos tener una situación de trata al lado de nuestra casa“, afirmó tajante el Capitán de la Guardia Civil.
Se ensalzó la colaboración con las entidades del tercer sector en el trabajo diario de la Guardia Civil, prestando soporte a las víctimas ante las gestiones administrativas, las necesidades económicas, psicológicas, etc. Teniendo claro que, para la Guardia Civil, “el centro de la actuación tiene que ser la víctima”.
La prevención y protección se complica cuando los recursos son muy limitados, si las políticas públicas no van acompañadas de una partida presupuestaria adecuada que permita una acogida para proteger a las víctimas, para dotarlas de atención psicológica, sanitaria y de recursos económicos y formativos para que puedan rehacer sus vidas. Por eso, se hace un llamamiento a las administraciones a que apoyen, con todos los medios, la lucha contra esta lacra.
