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Tras el paréntesis impuesto por la Covid-19, las personas sin hogar salen esta mañana a las calles y plazas de toda España para tomar protagonismo y levantar su voz “ante la grave situación de desprotección social y falta de oportunidades en las que nos encontramos miles de personas en situación de sin hogar”.

En el marco de un flashmob simultáneo programado en numerosas ciudades de todo el país dentro de la Campaña Nadie Sin Hogar —que tiene lugar esta semana motivo del Día de las Personas Sin Hogar del próximo domingo—, miles de personas sin hogar, acompañados de ciudadanos anónimos y representantes de las entidades sociales que promueven la campaña, han dado lectura a un manifiesto en el que reclaman la “puesta en marcha de políticas públicas que nos faciliten recursos y herramientas para que sea una realidad que todas las personas podamos vivir con dignidad en un hogar propio”.

En esta edición, las entidades que impulsan la citada Campaña lanzan una alerta bajo el lema “¿Sin salida? Perdidos en un sistema de protección social que no protege. Digamos basta. Nadie Sin Hogar” para poner el foco en el laberinto al que se enfrentan unas personas perdidas en un sistema de protección social que no funciona.

Ante esa realidad, Cáritas, Faciam (Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Marginados), XaPSLL (Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona) y besteBI (Plataforma por la Exclusión Residencial y a favor de las Personas Sin Hogar de Bilbao) demandan el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación para reclamar a las Administraciones públicas la puesta en marcha de una protección social adecuada, justa y digna para todas las personas, conforme a los derechos fundamentales.

Estas son unas demandas que las organizaciones hacen suyas a partir de las reclamaciones expresadas por las propias personas sin hogar acompañadas a través de los distintos programas y recursos sociales.

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La aprobación, en el Consejo de Ministros del pasado martes, de la reforma del Reglamento de Extranjería, especialmente en lo relativo a los derechos de los niños, niñas y jóvenes extranjeros no acompañados, supone para Cáritas un gran avance en la protección de esos menores al dar respuesta a una de sus ocho Propuestas políticas presentadas a los grupos parlamentarios ante las elecciones de 2019.

En el documento “Para una sociedad más justa. Propuestas políticas ante las elecciones legislativas de 2019” Cáritas demandaba de forma concreta a las fuerzas políticas “garantizar la protección de los menores extranjeros no acompañados y su tránsito a la vida adulta” (número 5). Para ello, se proponía “modificar la legislación de extranjería con respecto a los menores extranjeros no acompañados de acuerdo a lo establecido en el marco internacional de la Convención sobre los derechos de la Infancia y la Adolescencia para garantizar no sólo su protección sino su tránsito a la vida adulta”.

La publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 203/2021 de 19 de octubre es una buena noticia, que demuestra la voluntad política de hacer realidad lo que para Cáritas y numerosas entidades sociales venían reclamando desde hace años una reforma urgente y necesaria que afecta de lleno a niños, niñas y jóvenes especialmente vulnerables. Es, además, un claro avance en la necesaria sintonía de nuestra legislación con las normas nacional e internacional en el ámbito de los derechos de la infancia.

La Reforma de Extranjería va a facilitar la transición a la vida adulta de estos menores al asegurar la continuidad en la documentación de estos jóvenes, lo que constituye un gran avance en su proyecto vital. Asimismo, adecuar los medios económicos para poder renovar dichas autorizaciones de forma razonable y alargar su tiempo de concesión, supone un apoyo clave en un proceso que necesita de una estabilidad documental indispensable. Esto permitirá aprovechar su potencial, sus capacidades y sus ganas de aportar, construir e integrarse en la que es ahora su sociedad y su comunidad de acogida.

Cáritas considera, también, muy positivo que se plantee un régimen transitorio que permita recuperar la situación de aquellos jóvenes que, habiendo sido tutelados, nunca obtuvieron una autorización de residencia y la de quienes, habiéndola obtenido, no pudieron renovarla.

Cáritas comparte la satisfacción expresada ante la aprobación de esta Reforma por todas las entidades que trabajan en el campo de la infancia y la inmigración, quienes, junto al impulso de los propios jóvenes migrantes, han venido reclamando durante años este cambio legislativo que ahora ve la luz y denunciando las abusivas condiciones de un Reglamento que abocaba a la irregularidad administrativa y exclusión social a miles de adolescentes y jóvenes a quienes la Ley de Extranjería, por otro lado, reconoce como regulares a todos los efectos.

La celebración del Día Europeo contra la Trata de Personas supone una nueva oportunidad para seguir denunciando la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas de este delito y reclamar medidas urgentes que permitan su identificación y garanticen su protección.

La dimensión mundial y transnacional de la trata de personas quedan reflejadas en el Informe Global de Trata de Personas 2020 de Naciones Unidas, donde se señala que en 2018 se detectaron y denunciaron unas 50.000 víctimas de trata en 148 países.

No obstante, dada la naturaleza encubierta del delito y basándonos en la experiencia de Cáritas en la lucha contra esta lacra y la protección de sus víctimas, el número real es mucho mayor. Además, cabe tener en cuenta, como señala dicho informe, que la situación de vulnerabilidad de las personas víctimas de trata se han agravado en el último año como consecuencia de la pandemia sanitaria provocada por la Covid-19.

Naciones Unidas indica que el 50% de las víctimas de trata detectadas lo fueron con fines de explotación sexual, el 38% con fines de trabajo forzoso, el 6% fueron sometidas a actividades delictivas forzadas, el 1% a la mendicidad forzada y un número menor, a contraer matrimonios forzados, extracción de órganos y otros fines. La trata tiene, además, una importante dimensión de género, dado que las mujeres y las niñas son el 65% de las víctimas identificadas, en su inmensa mayoría con fines de explotación sexual.

La presencia de Cáritas en este ámbito de grave exclusión social es una apuesta significativa dentro nuestra misión de acompañamiento a las víctimas de grave exclusión social, tanto a través de respuestas directas de intervención con las mujeres como de acciones dirigidas a aumentar la conciencia social y la corresponsabilidad personal, comunitaria y pública sobre esta lacra.

3.202 mujeres acompañadas por Cáritas

La Confederación Cáritas en España cuenta con un servicio específico de atención a mujeres en contextos de prostitución y a víctimas de trata con fines de explotación sexual que desarrolla diferentes proyectos en todo el territorio nacional. Esta respuesta se complementa con programas de acompañamiento específicos en el sector agrícola. En 2020, Cáritas ha acompañado a 3.202 mujeres en contextos de prostitución. De ellas, 1.724 han sido atendidas en los centros de atención y 1.511 han sido contactadas a través de las visitas a pisos, clubs, asentamientos, calle, etc.

Del total de mujeres apoyadas, en el 27% de los casos se ha detectado una situación de explotación sexual (927 mujeres) y en lo que se refiere a mujeres con indicios de trata con fines de explotación sexual, el número asciende a 275 mujeres (8% de las mujeres acompañadas).

Si tenemos en cuenta los datos de identificación formal realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el porcentaje es mucho menor (58 mujeres). Es decir, solo el 1,7 % de las mujeres acompañadas por Cáritas han sido identificadas formalmente, frente al 8% en las que Cáritas encuentra indicios. Esto revela la urgencia de acometer un análisis y puesta en marcha de nuevos mecanismos de identificación de las víctimas de trata.

Situaciones detectadas por Cáritas

Durante el acompañamiento a mujeres con indicios de trata con fines de explotación sexual, Cáritas detecta las siguientes situaciones:

– La mayoría están o estaban ejerciendo prostitución.

– Hablan de su proceso migratorio y la movilidad que viven en este país y en otros países, pagando deudas camufladas en forma de honorarios por el transporte o préstamos, y afrontando precios excesivos por alojamiento, comida o vestimenta.

– La mayoría residen de forma continua en su lugar de trabajo, sin establecer otro tipo de relaciones, ni poder conocer su entorno más cercano, lo que las hace aislarse y perder el ritmo social.

– Se encuentran dentro de un sistema de plazas que garantiza la movilidad constante, y evita la creación de vínculos y el conocimiento de los recursos disponibles.

– Pernoctan en los lugares donde ejercen, por lo que están a disposición de la llegada de demandantes en cualquier horario, y expuestas a prácticas de riesgo.

– En la mayoría de los casos se ha constatado desorden psicológico y situaciones de estrés postraumático.

– Cuentan con escasa formación que les facilite su acceso al mercado laboral. Además, la situación administrativa irregular en la que se encuentran provoca que la gran mayoría no tengan acceso a procesos oficiales de educación y formación, o incluso a cursos o talleres de cualificación, que podrían mejor sus oportunidades de empleo. A ello se suma la dificultad en habilidades sociales y una baja autoestima.

De ahí la importancia de abordar el acompañamiento a las víctimas desde una perspectiva integral y de afianzar los modelos de detección de necesidades de las mujeres.

Este cóctel de situaciones, sumado a la situación administrativa irregular de muchas de ellas, origina una grave vulneración de derechos, como, por ejemplo:

– Falta de acceso al mundo laboral, con la consecuente vinculación a continuar ejerciendo la prostitución.

– Carencia de acceso a la salud.

– Dificultad de acceso a vivienda por carecer de nóminas o ingresos económicos reconocidos por el sistema de la Seguridad Social, lo que las obliga a depender única y exclusivamente de residencia en locales o clubs.

Un aspecto preocupante que sigue en aumento es el ejercicio de la prostitución en pisos, menos accesible a las entidades sociales, lo cual dificulta el trabajo. De hecho, el cierre de los clubs en momentos de confinamiento ha incrementado en 2020 el desplazamiento de las mujeres a los pisos.

Otro riesgo grave que afrontan estas mujeres está relacionado con los medios digitales. Un grupo de expertos en derechos humanos advirtió el pasado año que los traficantes de mujeres y niñas no limitan su actividad de captación a los medios convencionales, sino que recurren también a las herramientas digitales. A esto se suma el aumento del ejercicio de la prostitución a través de medios digitales, lo que dificulta la identificación de las víctimas de este delito.

Asimismo, sigue preocupando la lentitud del procedimiento penal y administrativo en éstos procesos, lo que entra en claro conflicto con las necesidades de las mujeres, y su proceso de reconstrucción de su vida.

Desde Cáritas recordamos, en esta jornada, la alerta lanzada en 2021 por el Papa Francisco con motivo de la Jornada mundial de oración y reflexión contra la trata de personas, en la que reclamaba una economía sin trata, “con reglas de mercado que promueven la justicia y nos los intereses particulares exclusivos”, una economía del cuidado, que ponga a la persona en el centro.

Por ello, instamos a las Administraciones públicas europeas y españolas a poner en marcha acciones concretas que garanticen la identificación y protección de las víctimas de este delito desde un enfoque de derechos humanos y género, encaminadas a erradicar esta lacra que continúa azotando cada rincón del planeta.

El 17 de octubre se celebró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el reto de alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es nada menos que «poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo». Sin embargo, la pandemia de Covid-19 ha marcado un punto de inflexión para la Agenda 2030. De los gobiernos depende dirigir sus esfuerzos para que sea un repunte hacia un mundo solidario y cohesionado o un punto de no retorno.

La crisis generada por la COVID-19 ha provocado un notable agravamiento de las condiciones de vida y niveles de integración social ya degradados en la crisis anterior de 2008 en España. Sus efectos han golpeado incluso con más fuerza a los que ya eran los más frágiles, a los que no han llegado las medidas del escudo social y ya no podían contar con el soporte de sus recursos propios de protección, desgastados en la Gran Recesión.

La mirada atenta de Cáritas y nuestra experiencia directa con las personas y familias más vulnerables nos permite reafirmar la complejidad de las situaciones de pobreza y exclusión social. La pobreza tiene muchas caras, lejos de poder entenderse solamente por la falta de ingresos. No se debe ver la pobreza como el único producto del contexto económico (crecimiento lento, presupuestos públicos ajustados), sino también como el producto de estructuras económicas y sociales que deterioran el empleo y los cambios sociales que no han sido suficientemente tomados en cuenta por las políticas públicas.

España es una sociedad globalmente rica, que dedica una parte importante de sus recursos a la protección social. Sin embargo, los análisis de la Fundación desde hace más de una década nos reafirman que la pobreza persiste en los periodos de bonanza económica y aumenta de forma notable en los periodos de crisis, y esto se relacionar principalmente con la debilidad de nuestro modelo de protección social y, en especial, de nuestro modelo distributivo. El sistema de protección social y, más específicamente, las prestaciones que forman la última red de garantía de ingresos se mantienen como un factor determinante de las condiciones de vida y la suficiencia de las rentas de los hogares en nuestro país.

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