El pasado miércoles, 21 de septiembre, acudimos a la presentación del I Plan Galego contra a Trata por parte da Consellería de Emprego e Igualdade.

A este acto, se dieron cita las 12 entidades miembros de la Red Gallega Contra la Trata que participamos en la elaboración de dicho Plan.

Más información sobre el acto de presentación.

Entidades miembras de la Red Gallega Contra la Trata: Accem, Cáritas Diocesana de Ourense, Santiago e Lugo, Cruz Roja, Ecos do Sur, Amaranta, Asociación Faraxa, Hermanas Oblatas do Santísimo Redentor de Ferrol, Aliad Ultreia, Médicos do Mundo e Fiet Gratia.

Más de 88 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas en lo que va de año a abandonar sus hogares a causa de la guerra. Desde 2008, los desplazamientos forzosos por culpa de los conflictos bélicos han aumentado un 64%. Aunque la paz no es solo pero sí prioritariamente ausencia de guerra y de violencia, la celebración este miércoles del Día Internacional de la Paz viene indudablemente cargada de conflictos que se recrudecen, se cronifican y se renombran.

Según el Informe Global Peace Index 2022, Afganistán sigue siendo el país menos pacífico del mundo por quinto año consecutivo, seguido de Yemen, Siria, Rusia y Sudán del Sur. Los cinco países con mayor deterioro de la paz en este 2022 fueron Rusia, Ucrania, Guinea, Burkina Faso y Haití.

Una de las líneas de trabajo prioritarias de Cáritas es la construcción de la paz, en los países citados anteriormente, pero también en otros conflictos y crisis prolongadas. Gracias a la Red Internacional de Cáritas, presente en más de 160 países, y con profundo arraigo, es posible desplegar nuestra acción en tres ámbitos: prevención de la violencia, mediación en los conflictos y mitigación del impacto humanitario en las víctimas.

Durante los dos últimos años, Cáritas Española ha logrado acompañar a casi un millón de personas a través de 15 proyectos de construcción de paz en siete países y con un presupuesto total de 1.254.712 euros.

“En Cáritas entendemos la paz no sólo como la ausencia de guerra y violencia. También como la convivencia de todos los ámbitos de la vida: social, político, económico y medioambiental. Desde este enfoque respondemos al desafío de construcción de la paz en diferentes ámbitos y realidades que abordan lo coyuntural y lo estructural”, explica Eva Cruz, directora del área de Cooperación Internacional de Cáritas Española.

Algunos de los países en los que Cáritas Española desarrolla proyectos de construcción de la paz se encuentra Colombia. En la región de Chocó, uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado interno, Cáritas ha contribuido en el último año a asegurar la alimentación, el acceso a agua y la higiene personal, la atención sanitaria y el refugio temporal a 9.785 víctimas de la violencia, así como a fortalecer sus capacidades de autoprotección frente a los actores armados.

En esta misma línea, Cáritas ha atendido en el último año a 1.017 familias afectadas por el conflicto en Siria en las gobernaciones de Hama y Homs, a través de ayudas económicas y distribución de kits de higiene, además de favorecer el acceso a la educación a 700 niños/as desplazados por causa de la guerra.

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La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado jueves, del Real Decreto-Ley 16/2002 por el que se mejoran las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las trabajadoras del hogar supone un gran avance en la equiparación de los derechos laborales y de Seguridad Social a los del resto de trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena de todas las mujeres que trabajan en el sector de los cuidados y el hogar.

Esta reivindicación histórica fue recogida, de manera específica, en el documento que, bajo el título “Para una sociedad más justa. Propuestas políticas ante las elecciones legislativas de 2019”, planteaba Cáritas para esta legislatura.

Cáritas, lleva décadas acompañando a las mujeres trabajadoras del hogar familiar, así como reivindicando la equiparación y adecuación de sus derechos a lo contemplado en tratados internacionales, como el Convenio 189 de la OIT recientemente ratificado por el Congreso, y a la Jurisprudencia, tanto de tribunales españoles como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La nueva norma recoge algunas de esas reiteradas peticiones de un sector integrado de forma mayoritaria por mujeres y con un alto porcentaje de migrantes. Este colectivo, especialmente vulnerable, podrá por fin, acceder a la cobertura ofrecida por la prestación por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial en caso de insolvencia de la familia empleadora tras la extinción del contrato de trabajo, como ocurre con el resto de las personas trabajadoras por cuenta ajena.

Además, se especifican las causas de finalización de la relación laboral en términos semejantes a la de cualquier trabajador o trabajadora. La figura del desistimiento, que permitía un despido sin causa, anacrónica e injusta, desaparece.

Por otro lado, se arbitra un sistema de bonificaciones para la persona empleadora en el coste de las cotizaciones que esperamos alivie, en parte, la carga económica para las familias sin por ello restar derechos a las personas trabajadoras.

Sin embargo, el Real Decreto, deja todavía algunos aspectos sin resolver que impiden la equiparación total entre las trabajadoras del hogar y el resto de personas trabajadoras del régimen general. “Se mantienen diferencias en el cálculo de la indemnización por despido y en la cuantía cubierta por parte del FOGASA. De igual manera, de cara a la cobertura por incapacidad permanente o por jubilación, la equiparación plena se ha quedado por el camino”, explica Pedro Carceller, técnico del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española.

“Cáritas -señala- celebra los progresos logrados y seguirá trabajando para promover el pleno reconocimiento social y legal de la profesión, tratándose de un pilar fundamental del sistema de cuidados necesitado de reflexión y promoción”.

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