La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española consideran que la aprobación del Real Decreto, que permitirá una regularización extraordinaria de personas migrantes, es una medida de responsabilidad política, ética y social.

Ante un proceso tan complejo técnica y logísticamente que ha de desarrollarse en un período muy limitado de tiempo, las entidades firmantes confían en que el proceso de regularización extraordinaria dé respuesta a todas las personas que se encuentran en situación administrativa irregular, en particular aquellas que llevan sufriendo estas circunstancias durante un largo período de tiempo y no logran regularizar su situación por las vías ordinarias de la normativa de extranjería.

Este objetivo únicamente será posible si la Administración se dota de los medios adecuados para ofrecer información de calidad y ofrece posibilidades de registro presencial de expedientes a todas las personas extranjeras potencialmente beneficiarias.

Expresión coherente del Evangelio

La acogida, la protección y la dignificación de las personas migrantes constituyen para la Iglesia una exigencia inherente a su misión. No se trata únicamente de una opción pastoral, sino también una exigencia en materia de derechos humanos y por tanto de una expresión coherente del Evangelio en la vida pública.

Este paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión, supone además un refrendo al proceso participativo impulsado por la sociedad civil, que logró concitar a más de 900 organizaciones de toda índole y recabar más de 600.000 firmas para la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Desde el año 2023 las cuatro entidades eclesiales han participado en este proceso y en multitud de reuniones con actores políticos y sociales exponiendo la preocupación compartida y constatada en el día a día de su labor de acompañamiento por la relación innegable entre irregularidad administrativa y exclusión social.

La irregularidad administrativa coloca a las personas que residen en España en una situación de fuerte vulnerabilidad, ya que limita gravemente su acceso a derechos básicos y las expone a múltiples formas de discriminación. Según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, casi nueve millones de personas migrantes viven en nuestro país. La situación administrativa irregular en la que están muchas de ellas provoca que el 68% se encuentre en exclusión social.

Según los últimos datos publicados por Cáritas, el 47% de las personas acompañadas por la institución en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale aproximadamente a unas 550.000 personas. Una cifra que no para de crecer desde 2019. Al final, la irregularidad no solo limita la autonomía personal, sino que genera un círculo de invisibilidad y desprotección que afecta a toda la convivencia social.

Salir de la incertidumbre y la vulnerabilidad

La regularización administrativa transforma de manera profunda la vida de las personas migrantes, porque les permite salir de la incertidumbre y la vulnerabilidad asociadas a la irregularidad y acceder plenamente a derechos y oportunidades básicas. Contar con una autorización de residencia y trabajo abre la puerta al empleo formal y digno, a la estabilidad económica y a la posibilidad de planificar un proyecto de vida.

También facilita el acceso efectivo a la sanidad, la vivienda, la educación y otros servicios esenciales, además de permitir realizar trámites cotidianos —como abrir una cuenta bancaria o firmar un contrato— sin miedo. La regularización reduce la exposición a la explotación laboral, a la discriminación y a situaciones de abuso, y ofrece la tranquilidad de poder circular y relacionarse con las instituciones sin riesgo. En definitiva, supone pasar de la invisibilidad y la precariedad a la protección, la autonomía y la plena participación social.

La regularización permitirá que cientos de miles de personas coticen, paguen impuestos y contribuyan formalmente al sostenimiento de los servicios públicos, reforzando el Estado del bienestar.