La celebración del Día Europeo contra la Trata de Personas supone una nueva oportunidad para seguir denunciando la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas de este delito y reclamar medidas urgentes que permitan su identificación y garanticen su protección.

La dimensión mundial y transnacional de la trata de personas quedan reflejadas en el Informe Global de Trata de Personas 2020 de Naciones Unidas, donde se señala que en 2018 se detectaron y denunciaron unas 50.000 víctimas de trata en 148 países.

No obstante, dada la naturaleza encubierta del delito y basándonos en la experiencia de Cáritas en la lucha contra esta lacra y la protección de sus víctimas, el número real es mucho mayor. Además, cabe tener en cuenta, como señala dicho informe, que la situación de vulnerabilidad de las personas víctimas de trata se han agravado en el último año como consecuencia de la pandemia sanitaria provocada por la Covid-19.

Naciones Unidas indica que el 50% de las víctimas de trata detectadas lo fueron con fines de explotación sexual, el 38% con fines de trabajo forzoso, el 6% fueron sometidas a actividades delictivas forzadas, el 1% a la mendicidad forzada y un número menor, a contraer matrimonios forzados, extracción de órganos y otros fines. La trata tiene, además, una importante dimensión de género, dado que las mujeres y las niñas son el 65% de las víctimas identificadas, en su inmensa mayoría con fines de explotación sexual.

La presencia de Cáritas en este ámbito de grave exclusión social es una apuesta significativa dentro nuestra misión de acompañamiento a las víctimas de grave exclusión social, tanto a través de respuestas directas de intervención con las mujeres como de acciones dirigidas a aumentar la conciencia social y la corresponsabilidad personal, comunitaria y pública sobre esta lacra.

3.202 mujeres acompañadas por Cáritas

La Confederación Cáritas en España cuenta con un servicio específico de atención a mujeres en contextos de prostitución y a víctimas de trata con fines de explotación sexual que desarrolla diferentes proyectos en todo el territorio nacional. Esta respuesta se complementa con programas de acompañamiento específicos en el sector agrícola. En 2020, Cáritas ha acompañado a 3.202 mujeres en contextos de prostitución. De ellas, 1.724 han sido atendidas en los centros de atención y 1.511 han sido contactadas a través de las visitas a pisos, clubs, asentamientos, calle, etc.

Del total de mujeres apoyadas, en el 27% de los casos se ha detectado una situación de explotación sexual (927 mujeres) y en lo que se refiere a mujeres con indicios de trata con fines de explotación sexual, el número asciende a 275 mujeres (8% de las mujeres acompañadas).

Si tenemos en cuenta los datos de identificación formal realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el porcentaje es mucho menor (58 mujeres). Es decir, solo el 1,7 % de las mujeres acompañadas por Cáritas han sido identificadas formalmente, frente al 8% en las que Cáritas encuentra indicios. Esto revela la urgencia de acometer un análisis y puesta en marcha de nuevos mecanismos de identificación de las víctimas de trata.

Situaciones detectadas por Cáritas

Durante el acompañamiento a mujeres con indicios de trata con fines de explotación sexual, Cáritas detecta las siguientes situaciones:

– La mayoría están o estaban ejerciendo prostitución.

– Hablan de su proceso migratorio y la movilidad que viven en este país y en otros países, pagando deudas camufladas en forma de honorarios por el transporte o préstamos, y afrontando precios excesivos por alojamiento, comida o vestimenta.

– La mayoría residen de forma continua en su lugar de trabajo, sin establecer otro tipo de relaciones, ni poder conocer su entorno más cercano, lo que las hace aislarse y perder el ritmo social.

– Se encuentran dentro de un sistema de plazas que garantiza la movilidad constante, y evita la creación de vínculos y el conocimiento de los recursos disponibles.

– Pernoctan en los lugares donde ejercen, por lo que están a disposición de la llegada de demandantes en cualquier horario, y expuestas a prácticas de riesgo.

– En la mayoría de los casos se ha constatado desorden psicológico y situaciones de estrés postraumático.

– Cuentan con escasa formación que les facilite su acceso al mercado laboral. Además, la situación administrativa irregular en la que se encuentran provoca que la gran mayoría no tengan acceso a procesos oficiales de educación y formación, o incluso a cursos o talleres de cualificación, que podrían mejor sus oportunidades de empleo. A ello se suma la dificultad en habilidades sociales y una baja autoestima.

De ahí la importancia de abordar el acompañamiento a las víctimas desde una perspectiva integral y de afianzar los modelos de detección de necesidades de las mujeres.

Este cóctel de situaciones, sumado a la situación administrativa irregular de muchas de ellas, origina una grave vulneración de derechos, como, por ejemplo:

– Falta de acceso al mundo laboral, con la consecuente vinculación a continuar ejerciendo la prostitución.

– Carencia de acceso a la salud.

– Dificultad de acceso a vivienda por carecer de nóminas o ingresos económicos reconocidos por el sistema de la Seguridad Social, lo que las obliga a depender única y exclusivamente de residencia en locales o clubs.

Un aspecto preocupante que sigue en aumento es el ejercicio de la prostitución en pisos, menos accesible a las entidades sociales, lo cual dificulta el trabajo. De hecho, el cierre de los clubs en momentos de confinamiento ha incrementado en 2020 el desplazamiento de las mujeres a los pisos.

Otro riesgo grave que afrontan estas mujeres está relacionado con los medios digitales. Un grupo de expertos en derechos humanos advirtió el pasado año que los traficantes de mujeres y niñas no limitan su actividad de captación a los medios convencionales, sino que recurren también a las herramientas digitales. A esto se suma el aumento del ejercicio de la prostitución a través de medios digitales, lo que dificulta la identificación de las víctimas de este delito.

Asimismo, sigue preocupando la lentitud del procedimiento penal y administrativo en éstos procesos, lo que entra en claro conflicto con las necesidades de las mujeres, y su proceso de reconstrucción de su vida.

Desde Cáritas recordamos, en esta jornada, la alerta lanzada en 2021 por el Papa Francisco con motivo de la Jornada mundial de oración y reflexión contra la trata de personas, en la que reclamaba una economía sin trata, “con reglas de mercado que promueven la justicia y nos los intereses particulares exclusivos”, una economía del cuidado, que ponga a la persona en el centro.

Por ello, instamos a las Administraciones públicas europeas y españolas a poner en marcha acciones concretas que garanticen la identificación y protección de las víctimas de este delito desde un enfoque de derechos humanos y género, encaminadas a erradicar esta lacra que continúa azotando cada rincón del planeta.

El 17 de octubre se celebró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el reto de alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es nada menos que «poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo». Sin embargo, la pandemia de Covid-19 ha marcado un punto de inflexión para la Agenda 2030. De los gobiernos depende dirigir sus esfuerzos para que sea un repunte hacia un mundo solidario y cohesionado o un punto de no retorno.

La crisis generada por la COVID-19 ha provocado un notable agravamiento de las condiciones de vida y niveles de integración social ya degradados en la crisis anterior de 2008 en España. Sus efectos han golpeado incluso con más fuerza a los que ya eran los más frágiles, a los que no han llegado las medidas del escudo social y ya no podían contar con el soporte de sus recursos propios de protección, desgastados en la Gran Recesión.

La mirada atenta de Cáritas y nuestra experiencia directa con las personas y familias más vulnerables nos permite reafirmar la complejidad de las situaciones de pobreza y exclusión social. La pobreza tiene muchas caras, lejos de poder entenderse solamente por la falta de ingresos. No se debe ver la pobreza como el único producto del contexto económico (crecimiento lento, presupuestos públicos ajustados), sino también como el producto de estructuras económicas y sociales que deterioran el empleo y los cambios sociales que no han sido suficientemente tomados en cuenta por las políticas públicas.

España es una sociedad globalmente rica, que dedica una parte importante de sus recursos a la protección social. Sin embargo, los análisis de la Fundación desde hace más de una década nos reafirman que la pobreza persiste en los periodos de bonanza económica y aumenta de forma notable en los periodos de crisis, y esto se relacionar principalmente con la debilidad de nuestro modelo de protección social y, en especial, de nuestro modelo distributivo. El sistema de protección social y, más específicamente, las prestaciones que forman la última red de garantía de ingresos se mantienen como un factor determinante de las condiciones de vida y la suficiencia de las rentas de los hogares en nuestro país.

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Bajo el título “Sociedad expulsada y derecho a ingresos”, Cáritas y la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), han presentado esta mañana en Madrid el informe Análisis y Perspectivas 2021 donde se analiza cuál está siendo el alcance de la pandemia en la cohesión social en España.

Los datos presentados por Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, y Thomas Ubrich, técnico del Equipo de Estudios, alertan de que el panorama que la vasta crisis provocada por la pandemia está dejando un impacto muy preocupante, con una profunda huella de importantes consecuencias en las condiciones de vida y niveles de integración social de las personas y familias.

Según el avance de resultados de la encuesta FOESSA 2021 (realizada a más de 7.000 hogares de todas las Comunidades Autónomas) que se incluye en el informe, en 2021, año y medio después del estallido de la pandemia, son ya 11 millones las personas que se encuentran en situación de exclusión social en España. Esto revela un ensanchamiento del espacio de la exclusión, donde viven ahora 2,5 millones de personas nuevas respecto a 2018, fecha de la anterior encuesta.

Se registra, asimismo, un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población: la integración plena en 2021 —es decir, hogares que disfrutan de una situación en la que no sufren ningún rasgo indicativo de la exclusión— es disfrutada por solo 4 de cada 10 hogares de España (el 42%). Esto marca un descenso de más de 7 puntos respecto del año 2018 (donde el porcentaje era del 49%).

“Una primera conclusión –señala Thomas Ubrich— sería que se ha producido un deslizamiento de los diferentes estratos de la sociedad hacia situaciones de mayor precariedad y exclusión social, una fuga imparable hacia una sociedad más desigual donde el grupo que más crece es el de los más desfavorecidos”.

Los datos de FOESSA “vienen a constatar lo que a lo largo de los últimos meses se ha venido comprobado a través de la acción social de Cáritas: que la pandemia está golpeando con más fuerza a los que ya eran los perdedores, a los más frágiles, los que ya tenían dificultades para mantenerse a flote, a los que no ha llegado el escudo social, ni tenían ya el soporte de los mecanismos de protección propios, desgastados en la crisis anterior de 2008”.

Otra de las alertas del informe es que, por primera vez desde 2007 las personas en exclusión severa superan los 6 millones de personas, convirtiéndose en uno de los grandes damnificados por la COVID-19, con un incremento de casi 2 millones personas respecto del año 2018.

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Las personas extranjeras que deseen acceder a la nacionalidad española tiene que superar la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (prueba CCSE) es una prueba de examen elaborada por el Instituto Cervantes que evalúa, por medio de distintas tareas, el conocimiento de la Constitución y de la realidad social y cultural españolas.

Desde el programa de acogida a personas inmigrantes de Cáritas te ayudamos a presentarte a la prueba CCSE, facilitando gratuitamente el material necesario para su preparación, realizando su inscripción  y en el desplazamiento a su realización en la ciudad de Santiago. 

Compartimos la foto del grupo que ha ido a examinarse el día 30 de septiembre.