Dentro de la campaña “Compartiendo el Viaje” que está en marcha desde 2017, Cáritas saca ahora a la luz una colección de materiales de sensibilización para alertar sobre el importante aumento del número de personas en situación administrativa irregular que son atendidas a través de los programas y recursos para inmigrantes en todo el país.
Este impacto, que se viene detectando en los últimos años, se está viendo incrementado como consecuencia de la pandemia, en la que, a causa de la masiva destrucción de empleo y de medios de vida, está empujando a la irregularidad sobrevenida a muchas de estas personas, quienes, al dejan de tener un empleo fijo, se ven abocadas a una situación administrativa irregular, a la pérdida de derechos y a unas condiciones de gran vulnerabilidad e invisibilidad social.
Un tercio de los inmigrantes atendidos
Según los últimos datos de actividad aportada por las Cáritas Diocesanas de toda España, un tercio de las personas acompañadas a través de sus programas y recursos para inmigrantes están en situación administrativa irregular. Se trata de unas 120.000 personas que, además, debido a su extrema precariedad, necesitan del apoyo de Caritas durante una media que oscila entre 1 y 2 años.
Es una realidad invisible sobre la que ahora Cáritas pone el foco dentro de una nueva fase de la citada campaña, bajo el lema “Esperábamos trabajadores, vinieron personas y queremos vecinos”.
“Compartiendo el viaje” se puso en marcha en septiembre de 2017 a instancias del papa Francisco para fomentar la cultura del encuentro y un mayor conocimiento de la realidad de las personas que se ven obligadas a migrar: hombres, mujeres, niños y niñas, cada uno con su nombre y su vivencia y un lugar de origen, tránsito y destino.
Personas invisibles para las políticas públicas
Uno de los ejes estratégicos de la acción de Cáritas en su lucha contra la pobreza es el trabajo con miles de personas invisibles para las políticas públicas, como es el caso de estos inmigrantes para quienes no existen nunca fondos oficiales, ni estatales ni europeos, puesto que se trata de personas en situación administrativa irregular y, por tanto, no cuentan, no están, no existen.
Hablamos de personas que hasta ayer mismo desarrollaban en nuestra sociedad un trabajo legal y remunerado en sectores de actividad económica muy relevantes –como los sectores de la restauración y la hostelería, el cuidado de personas dependientes, el empleo del hogar o la mensajería— pero que, al perder su empleo, pierden también, según lo establecido en la actual Ley de Extranjería, su estatus legal y, con ello, el acceso a derechos básicos. En muchos casos y dado que no pueden disponer de ninguna ayuda ni prestación social, estas personas tienen miedo y dejan de salir a la calle por temor a ser expulsados.
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