Cáritas Española muestra su profunda satisfacción por la ratificación definitiva por parte del Gobierno de España de la Carta Social Europea revisada y del Protocolo de reclamaciones colectivas de 1995. Este último es un instrumento clave de la Carta sobre la que Cáritas venía insistiendo desde el acuerdo adoptado el 10 de noviembre de 2020 por el Consejo de Ministros en el que dicho Protocolo quedaba inicialmente excluido, si bien luego fue incluido en otro acuerdo del Consejo del 22 de diciembre.
La ratificación formal de la Carta Social Europea revisada y del Protocolo ha tenido lugar esta mañana en Estrasburgo, donde el representante de España ante el Consejo de Europa, el embajador Manuel Montobbio, ha depositado el instrumento de ratificación ante el secretario general adjunto del Consejo de Europa, Bjorn Berge, en la sede del Palacio de Europa de la ciudad francesa.
España se convierte así en el 36º país del Consejo de Europa en ser Estado parte de la Carta Social Europea revisada, que todavía sigue sin ser vinculante en Reino Unido, Polonia, Dinamarca, Croacia, Luxemburgo, Suiza o Islandia.
Además, es el tercero, tras Francia y Portugal, en aceptar todas las disposiciones del tratado, que incluye derechos a la protección contra la exclusión social, el acoso sexual en el trabajo, así como a la vivienda, la igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores con responsabilidades familiares.
La Carta Social revisada reconoce, asimismo, el derecho a un salario equitativo para ambos sexos si se realiza el mismo trabajo, la protección de la maternidad de las trabajadoras, o la protección, en caso de despido, a la salud y la seguridad social. Además, prohíbe el trabajo de los niños en edad escolar, protege los derechos de las familias, de las personas con discapacidad y de los trabajadores inmigrantes y sus familias.
La ratificación del Protocolo garantiza visibilidad, exigibilidad y efectividad de los derechos consagrados en la Carta Social, y rubrica, por parte del Estado firmante, su apuesta inequívoca por la protección de los derechos y la garantía de su cumplimiento. Junto a ello, añade ventajas adicionales que inciden directamente en cuestiones relativas, entre otras, a la economía procesal, a su celeridad y al fortalecimiento del papel de los agentes y colectivos sociales.
España se convierte en el decimosexto país de la organización paneuropea en aceptar las disposiciones del Protocolo, que está vigente, entre otros, en Francia, Italia, Grecia, Portugal, Países Bajos, Suecia, República Checa e Irlanda.
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