Bajo el título «Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España», Cáritas y la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada) han presentado esta mañana en Madrid la primera radiografía social completa de la crisis provocada por la pandemia.

El informe, presentado por Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, y Raúl Flores, coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas y secretario técnico de FOESSA, alerta de que la cohesión social en nuestro país ha sufrido un “shock” sin precedentes como consecuencia de la tensión que ha sufrido la actividad económica y el empleo a causa de la irrupción del SARS CoV-2.

Según la investigación –llevada a cabo por un equipo de más de 30 investigadores procedentes de más de diez universidades y entidades de investigación social—, la precariedad laboral durante la crisis sanitaria se ha duplicado y alcanza a casi 2 millones de hogares que dependen económicamente de una persona sustentadora principal que sufre inestabilidad laboral grave. Lo que significa que en el último año ha tenido: 3 o más meses de desempleo, 3 o más contratos diferentes, en 3 o más empresas distintas.

“Se ha producido -señala Raúl Flores- un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y trabajadores más pobres y menos realizados personal y socialmente”. A lo largo de 700 páginas, el informe Foessa confirma además que “lo que empobrece a muchos trabajadores no solo es un salario insuficiente, sino muchas veces trabajar una jornada de 3 horas cuando podrían y desearían trabajar una jornada completa, o la temporalidad y estacionalidad de los contratos”.

Durante la crisis, la situación de que el sustentador del hogar se encuentre en paro de larga duración ha alcanzado a 800 mil familias y el desempleo total familiar, casi se ha duplicado, es decir hay casi dos millones de núcleos familiares donde todas las personas activas están en paro. Y a pesar del aumento de la protección social no se ha logrado compensar esta situación y un tercio de estos hogares (esto es, 600 mil familias) carece de algún tipo de ingreso periódico, predecible, que permita una cierta estabilidad y capacidad de generar proyectos vitales.

Teniendo en cuenta de que la principal fuente de ingresos de los hogares españoles son las rentas del trabajo, la crisis sanitaria no ha hecho más que agudizar aún más la desigualdad. En términos de renta, el informe elaborado a partir de una encuesta a más de 7.000 hogares, revela que la diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado más de un 25 por ciento, cifra superior al incremento que tuvo durante la crisis de 2008.

Para la secretaria general de Cáritas, “uno de los aspectos diferenciales de esta crisis es la profundización de la brecha de desigualdad en nuestra sociedad, donde los grandes damnificados por la Covid-19 son precisamente las personas y familias más frágiles y desfavorecidas, a quienes no ha llegado las respuestas públicas del denominado escudo social”.

La brecha digital, un nuevo factor de exclusión

La pandemia, además, ha destapado un nuevo factor de exclusión social: la desconexión digital, el nuevo analfabetismo del siglo XXI.

La investigación coordinada por los catedráticos Luis Ayala Cañón, Miguel Laparra Navarro y Gregorio Rodríguez Cabrero, revela que casi la mitad de los hogares en exclusión social sufren el apagón digital, lo que significa que 1,8 millones de hogares viven la brecha digital de manera cotidiana, algo que afecta especialmente a los hogares conformados solo por personas de 65 y más años y a personas que viven solas.

Este apagón digital supone dificultades serias para más de 800.000 familias (4,5% de los hogares) que han perdido oportunidades de mejorar su situación debido a cuestiones digitales/ falta de conexión, de dispositivos informáticos o de habilidades digitales.

La pandemia ha aumentado la brecha de género

La pandemia además ha aumentado la brecha de género. Esta crisis, en 2020, ha tenido más impacto en sectores más feminizados, como el comercio o la hostelería, lo que ha implicado un retroceso mayor para muchas mujeres en términos de integración social.

Mientras que la tendencia general en hogares encabezados por hombres ha sido el descenso de la integración plena a la precaria, en hogares encabezados por mujeres ha prevalecido el descenso de la integración precaria a la exclusión.

La exclusión social en los hogares encabezados por mujeres ha pasado del 18% en 2018 al 26% en 2021, un incremento que multiplica por 2,5 el registrado durante el mismo periodo en el caso de los hombres (que pasaron del 15% al 18%).

“Por un lado, estas diferencias de género han permanecido ausentes de debates tanto políticos, como mediáticos -apunta Raúl Flores- y, por otro, al margen de los cambios en la coyuntura económica y social, la desventaja acumulada por razón de género permanece, algo que remite a cuestiones de tipo estructural y que es importante tener en cuenta de cara a diseñar políticas públicas eficaces”.

Ser joven, un factor de exclusión en sí mismo

Ser joven es otro de los factores de exclusión que ha sacado a la luz la crisis sanitaria de la Covid-19. Según los resultados que arroja el informe Foessa, en España hay 2,7 millones de jóvenes entre 16 y 34 años afectados por procesos de exclusión social intensa y multidimensional que les impide realizar proyectos de vida para transitar hacia la vida adulta.

En 2021 se sumaron más de 650.000 nuevas personas jóvenes (16-34) a la situación de exclusión, la mayoría en situación de exclusión severa. Son 500 mil personas jóvenes más con respecto a 2018 que están afrontando situaciones de especial complejidad, lo que hace un total de 1,4 millones de jóvenes en situación de exclusión severa.

A nivel generacional, la tasa de exclusión de la población menor de 30 años es algo más de tres veces superior a la de la población mayor de 65 años y la tasa de exclusión severa se llega a multiplicar por cinco entre ambos grupos etarios.

“Hay un grupo de jóvenes -subraya Flores- que ha experimentado ya dos crisis muy importantes justo en una fase esencial de sus proyectos vitales en los que se plantea la transición al empleo, a la vida adulta, la emancipación o la construcción de nuevos hogares: a los que tenían 18 años en 2008 les ha alcanzado la crisis de 2020 con 30 años”.

La población inmigrante, la más perjudicada en varios frentes

Si el factor etario es algo más novedoso, la nacionalidad de origen sigue una tendencia ya habitual y, por desgracia, persistente. El 50,3% de los hogares con extranjeros están en situación de exclusión social en 2021, es decir, la exclusión social en estos hogares es casi tres veces mayor que en los hogares españoles.

No obstante, resulta todavía más determinante la incidencia de la etnia en la intensificación de la exclusión social, en 2021, el 70,5% de los hogares gitanos se encuentra en exclusión social, cifra que triplica la del conjunto de los hogares españoles.

La población inmigrante además ha sufrido una tasa de incidencia de la Covid-19 casi 3 puntos porcentuales mayor que entre la población de origen español. Las razones son claras: unas peores condiciones de vida, con viviendas peor ventiladas por las condiciones de acondicionamiento de la vivienda y con más hacinamiento; así como menores recursos para adoptar medidas preventivas y una mayor exposición por sus empleos.

“Este informe de hoy enfatiza -según Natalia Peiro- cómo la estructura social y económica, más allá de la pandemia, lleva décadas generando, sosteniendo y naturalizando el sufrimiento de situaciones de pobreza y exclusión social que son una realidad cotidiana para millones de personas y familias. Una estructura social y económica que genera desigualdad, donde quien se ha quedado fuera tiene casi imposible volver a entrar”.

La desigualdad también tiene un impacto territorial

La crisis provocada por la pandemia ha tenido un impacto diferenciado a nivel territorial debido a las diferentes estructuras demográficas, el modelo productivo y la trayectoria de protección social. La investigación permite observar la realidad de 10 de las 17 CCAA. De forma global, las tasas más elevadas de exclusión social se dan en el Sur y el Este, junto con Canarias. Se mantiene la tendencia existente en el anterior FOESSA de 2018.

Las diferencias territoriales de la exclusión social en España son en torno al 16% en Asturias o Euskadi, y del 29% en Canarias o Cataluña.

Sin embargo, al atender a las dimensiones de la exclusión, encontramos diferencias territoriales que indican dónde deben poner el foco algunas comunidades. En particular, la exclusión del empleo ha tenido más incidencia en Murcia, Andalucía o Canarias; la exclusión del consumo es más propia de comunidades como Madrid o Cataluña, mientras que la exclusión del derecho a la vivienda se da sobre todo en Canarias o Cataluña.

Estrategias de las familias para sobrevivir

Durante la pandemia, las familias han tenido que desplegar distintas estrategias para no verse arrastradas por la marea. La estrategia de reducción de gastos habituales en alimentación, ropa y calzado alcanza a prácticamente a 3 de cada 10 familias en España, y se multiplica por dos entre los hogares que sufren exclusión social.

Más de tres de cada diez familias (34%) considera que la pandemia ha tenido bastante o mucho impacto en el deterioro de sus relaciones sociales. El aislamiento, el distanciamiento social y la aversión al riesgo de contagiarse, expresadas como principales formas de autocuidado, han influido en la contención de los apoyos informales entre los hogares.

Entre 2018 y 2021 ha disminuido el porcentaje de personas que han ayudado o ayudan a otras personas y, en menor medida, también el de personas que han tenido o tienen alguna persona que pueda ayudarle. Este debilitamiento de los vínculos externos al hogar sigue siendo más acusado en los hogares en exclusión severa y en hogares monoparentales compuestos por madres con descendencia.

Nivel de activación alto entre las familias desfavorecidas

Frente a la imagen de pasividad que tienen las familias en situación de vulnerabilidad, el nivel de “activación” es muy alto. Incluso en 8 de cada 10 hogares desfavorecidos la activación es fuerte, ya sea porque consiguen trabajar, porque estudian o se forman para mejorar su empleabilidad, o porque participan de programas de los servicios sociales o de entidades del tercer sector como Cáritas para avanzar en su salida de la pobreza o la exclusión.

“La activación de las familias en pobreza y exclusión es muy alta, incluidas aquellas a las que llegan las prestaciones asistenciales, demostrando así la falsedad del supuesto efecto desincentivador del sistema de prestaciones”, señala Raúl Flores.

Retos y propuestas

La crisis de la Covid-19 está dejando una profunda huella que incide en los lastres de la Gran Recesión de 2008-2013 que no fueron plenamente resueltos en el siguiente periodo de recuperación.

Frente a situación, el informe Foessa y Caritas Española consideran necesario perfeccionar el sistema de protección social a futuro con las siguientes propuestas:

1. Mantener de manera estable para el futuro las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud, la vivienda o la protección social con las necesarias adaptaciones a periodos de estabilidad económica. El reto del sistema de protección social es evitar que estas nuevas situaciones de vulnerabilidad e intensificación de la exclusión severa se transformen en crónicas.

2. Mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, ya que supone un notable avance social para corregir el desequilibrio entre la protección social de la población laboral estable y aquella que es precaria o en situación de exclusión social. De los 850.000 hogares beneficiarios previstos inicialmente, a septiembre de 2021, sólo 315.913 hogares, el 37% de los previstos inicialmente. Una media de 2 personas beneficiarias por cada 10 personas en situación de pobreza severa en España.

3. Reimpulsar el modelo de estado de bienestar en su conjunto, con una orientación clara hacia el acceso a los derechos como canal para la inclusión social y el “rescate” de los sectores más excluidos.

4. Implementar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad, mejorando la organización social del tiempo de trabajo también en los empleos de sectores excluidos, no cualificados, en empleos temporales y precarios – los sectores llamados “esenciales” de la limpieza, la hostelería y las labores agrícolas entre otros -, y que acaben con las situaciones de irregularidad.

5. Deberían complementarse, así mismo, los salarios escasos con otras medidas redistributivas, a modo de estímulos al empleo, bien a partir de prestaciones complementarias para los trabajadores de bajos salarios, bien como deducciones fiscales reembolsables.

6. Entre los retos pendientes, también está el de garantizar un sistema de salud público de calidad y el de un cambio de estrategia y paradigma en el ámbito de la atención a personas en situación de dependencia y con necesidad de cuidados.

7. Poner en marcha políticas frente a la exclusión residencial, ya que desde 2018 se ha duplicado el porcentaje de hogares que residen en viviendas insalubres (hasta el 7,2% en 2021) o en situación de hacinamiento (hasta el 4% en 2021). Además, la COVID-19 ha hecho empeorar o tensionar la mayoría de los indicadores de acceso y mantenimiento de la vivienda. Casi se duplica el número de hogares, pasando de 1,1 a más de 2 millones, que sufrieron retrasos, o no tuvieron dinero suficiente, para el pago de alguno de los gastos relacionados con la vivienda, como el pago del alquiler o la hipoteca.

8. Superar la brecha educativa provocada por el apagón digital. Las políticas públicas deberán poner los medios necesarios para que todas las personas puedan superar la brecha digital. Por término medio, en 2020 un 15% de los hogares con menores de 15 años indican que sus calificaciones son peores que en 2019. Un porcentaje que aumenta de forma considerable en los hogares más vulnerables: el 31% de hogares en los que viven niños, niñas y adolescentes (NNA) de minoría gitana y el 25% de hogares del cuartil más bajo de ingresos.

9. Avanzar hacia servicios sociales adaptados a las realidades sociales del siglo XXI. Ante los enormes retos globales que afrontan las políticas sociales como son, entre otros, el envejecimiento de la población, la lucha contra la exclusión social, la protección de menores vulnerables y la integración de la población inmigrante, precisamos de servicios sociales adaptados a las nuevas realidades sociales.