Suspensión de los desahucios y prohibición del corte de suministros a los vulnerables, una medida urgente y necesaria

Hace tan solo unas semanas, Cáritas publicaba su informe “Un impacto sostenido tras el confinamiento. La realidad de las familias acompañadas por Cáritas en septiembre de 2020” donde se volvía a constatar, como en junio pasado, que, a causa de la pandemia, más de 650.000 personas viven en hogares que no pueden hacer frente a los gastos de suministros de su vivienda y cerca de 42.000 familias se han visto obligadas a cambiar de residencia para disminuir los gastos.

Desde esos terribles e inhumanos datos cotidianos, la publicación, hoy, del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, viene a procurar, al menos temporalmente, vías de solución ante la dificultad de sostener la vivienda y los insumos totalmente necesarios para una vida digna (agua, electricidad y gas).

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