Hace tan solo unas semanas, Cáritas publicaba su informe “Un impacto sostenido tras el confinamiento. La realidad de las familias acompañadas por Cáritas en septiembre de 2020” donde se volvía a constatar, como en junio pasado, que, a causa de la pandemia, más de 650.000 personas viven en hogares que no pueden hacer frente a los gastos de suministros de su vivienda y cerca de 42.000 familias se han visto obligadas a cambiar de residencia para disminuir los gastos.
Desde esos terribles e inhumanos datos cotidianos, la publicación, hoy, del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, viene a procurar, al menos temporalmente, vías de solución ante la dificultad de sostener la vivienda y los insumos totalmente necesarios para una vida digna (agua, electricidad y gas).
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