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Cuidan de nuestros mayores, de nuestros hijos, limpian, cocinan; con su trabajo facilitan que nosotros podamos hacer el nuestro… sin embargo, sus condiciones laborales son peores que las de otros trabajadores.

Cuidan de nuestros mayores, de nuestros hijos, limpian, cocinan; con su trabajo facilitan que nosotros podamos hacer el nuestro… sin embargo, sus condiciones laborales son peores que las de otros trabajadores.

Algunos datos lo ponen de manifiesto:

• No tienen derecho a cobrar la prestación por desempleo, ni por tanto, las ayudas que se derivan de la misma. Cuando acaba su contrato o son despedidas, pueden tener varios meses por delante sin ningún tipo de ingreso.
• Un 30% de las personas que trabajan en el sector lo hacen sin contrato ni alta en Seguridad Social.
• Su salario es el Salario Mínimo Interprofesional, cobran lo mismo por cuidar a una persona que a tres, tampoco tienen pluses por turnicidad, peligrosidad, nocturnidad..
• La familia puede dar por finalizada la relación laboral cuando lo desee, sin alegar otra causa que desistimiento.
• Las trabajadoras internas soportan jornadas de trabajo de más de 14 horas continuadas y, con frecuencia , no pueden disfrutar de las 36 horas de descanso semanal ni de los días festivos.

Recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que la exclusión de las empleadas del hogar de las prestaciones por desempleo en España, es contraria al derecho de la Unión. Y sigue diciendo que, puesto que estos profesionales son “casi exclusivamente” mujeres, supone una discriminación indirecta por razón de sexo.

Cáritas y otras entidades que venimos reclamando desde hace años la equiparación total de derechos de las empleadas de hogar, recibimos con cautela este dictamen; es una buena noticia que desde la U.E. se ponga de manifiesto el agravio comparativo que sufren estas trabajadoras pero todavía no vemos el fin de esta situación, hay que seguir esperando a que las administraciones públicas españolas pongan el remedio concreto y eficaz : cambiar la legislación para equiparar al cien por cien sus derechos con los del resto de trabajadores.

Más de 518.800 personas trabajan como empleadas de hogar en nuestro país, pero el pasado mes de enero solo 378.805 estaban afiliadas en el Régimen de la Seguridad Social. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), alrededor del 30 por ciento no tienen contrato. Estas bajas cifras de afiliación -unido a que se trata de un sector muy feminizado (el 95% son mujeres) y la mayoría de origen extranjero- hace que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad.

Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) además ha dictaminado que España discrimina a las trabajadoras del hogar al negarles la prestación por desempleo. “Su labor de cuidado es esencial para el funcionamiento de la sociedad, pero sus derechos laborales se encuentran gravemente desprotegidos”, subraya Beatriz Iraeta, del equipo de Economía Solidaria de Cáritas Española.

Frente a esta realidad y con motivo de la celebración -el 30 de marzo- del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, Cáritas reclama un aumento de los niveles de protección de estas trabajadoras. En el marco del Plan de Respuesta ante los efectos socio-económicos derivados del conflicto en Ucrania, Cáritas ha pedido al Gobierno que la prestación por desempleo se aplique a las empleadas de hogar en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores. En línea con la OIT (Organización Internacional del Trabajo), también solicita más oportunidades de empleo, un reconocimiento de la relación laboral a través de contratos dignos, e igualdad en el trato: salarios, horas, vacaciones.

“El Gobierno ha planteado un compromiso de dotarlas de la prestación por desempleo, así como equiparar otros derechos y condiciones para el 2022. Esto unido a una campaña de inspección de trabajo contra los salarios por debajo del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) a empleadas de hogar, hace pensar que el 2022 pueda ser un año de cambios y mejoras para el sector”, apunta Iraeta.

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Las repercusiones de la crisis derivada de la guerra de Ucrania no han tardado en notarse en los hogares españoles. El encarecimiento de los costes de vida está aumentando los niveles de precariedad de las familias. Ante esta situación, Cáritas Española ha entregado al Gobierno una serie de propuestas en víspera de la reunión del Consejo de Ministros en el que se va a aprobar el Plan de Respuesta ante los efectos socio-económicos derivados del conflicto en Ucrania.

“El Plan de Respuesta y las medidas que se adopten deberían tener presentes a las personas más vulnerables, que venían de una situación ya muy dura”, explica Ana Abril, coordinadora de Incidencia Política de Cáritas Española. Según el informe Foessa “Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España”, presentado a mediados del mes de enero, la población en exclusión social severa ha pasado del 8,6% en 2018 al 12,7% en 2021 y alcanza más de seis millones de personas. “Esta realidad marca una prioridad clara en las políticas que deben desarrollarse”, recuerda Abril.

En sus propuestas, Cáritas Española considera “imprescindible el desarrollo de la agenda legislativa prevista, que contemplaba normativa en temas esenciales, como la vivienda o el Ingreso Mínimo Vital”. “La normativa prevista en diferentes ámbitos tendente a la garantía de derechos y al fortalecimiento del Estado de bienestar es lo que permitirá afrontar con bases estructurales sólidas esta situación y las futuras, generando una red sólida que proteja efectivamente a todas las personas y, especialmente a las más vulnerables”, señala Cáritas Española en el documento entregado al Gobierno.

Entre las nueve propuestas de Cáritas Española se encuentran:

1. Ingreso Mínimo Vital. Ampliar la cobertura del ingreso mínimo vital para llegar a todas las personas en situación de pobreza severa que, por la extensión de la unidad de convivencia, por estar algunos de sus miembros en situación irregular o por ser menores de 23 años, entre otros motivos, se ven excluidas de esta prestación.

2. Migraciones. Adaptar el reglamento de extranjería a la reforma laboral, modificando las autorizaciones de residencia para dotar de la misma estabilidad documental que se pretende con el fomento de la contratación indefinida, evitando el impacto negativo de la irregularidad sobrevenida.

3. Vivienda. Mantener las medidas adoptadas en el contexto de pandemia a través del escudo social (mantenimiento de la prohibición del corte de suministros más allá del 30 de junio; suspensión de desahucios más allá del 30 de septiembre y recuperar la prórroga de los contratos de alquiler).

4. Administración electrónica. Habilitar los medios públicos necesarios para que las personas puedan acceder de forma accesible a la Administración Pública y a las medidas que se establezcan en el plan de respuesta. Según datos del informe Foessa, 800.000 familias han perdido derechos debido a la brecha digital siendo la pérdida de oportunidades cinco veces mayor en las personas en situación de exclusión.

5. Prestaciones y subsidios por desempleo. Incrementar el porcentaje de la prestación por desempleo a partir del día 181 de percepción o anular la reducción del 70% de la base reguladora al 50%; modificar el porcentaje de la cuantía máxima de la prestación por desempleo para los desempleados que tengan hijos a cargo o familiares dependientes; desligar los porcentajes de las cuantías a percibir del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y ligarlas al SMI (Salario Mínimo Interprofesional); añadir complementos para personas beneficiarias del subsidio por desempleo con menores a cargo, entre otras medidas.

6. Subsidio por nacimiento no contributivo. Modificar y reducir para que sea menor el colectivo de mujeres que perciban el subsidio especial por nacimiento (no contributivo) y puedan acceder al contributivo. En el caso del subsidio especial por nacimiento, aumentar la duración de la prestación, aumentar la cuantía y ampliarlo a toda mujer que esté inscrita como demandante de empleo.

7. Subsidio por incapacidad temporal a trabajadores a tiempo parcial. Incrementar la cuantía de la prestación a percibir y establecer el cobro de la misma desde el inicio del reconocimiento.

8. Prestaciones por desempleo de personas trabajadoras del hogar. Puesta en marcha de la prestación o cobertura por desempleo, en igualdad de condiciones que el resto de las personas trabajadoras, en línea con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

9. Pensiones no contributivas. Aumentar el límite de carencia de rentas o ingresos del pensionista y aumento del importe de ayuda para el pensionista que acredite carecer de vivienda en propiedad y tener, como residencia habitual, una vivienda alquilada. Establecer otro complemento de carácter energético/suministro.

«Enlázate por la Justicia» se hace eco de los testimonios de comunidades de América Latina afectadas por las multinacionales mineras.

La celebración del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, rindiendo homenaje a Monseñor Óscar Romero, asesinado en 1980. Su vocación, en favor de las personas más vulnerables de El Salvador, lleva a «Enlázate por la Justicia» a comparar la degradación que provoca la minería en América Latina con este tipo de graves violaciones de los derechos humanos, que incluyen los derechos ambientales y que socavan la dignidad de las víctimas.

La visita a Europa de un grupo de responsables de las comunidades y de la Iglesia católica de Brasil, Colombia, Ecuador y Honduras, acompañado por el obispo Mons. Ferreira, propicia el encuentro con la red Enlázate por la Justicia, formada por Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes.

El grupo visitante representa a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), a través de la Comisión Especial de Ecología Integral y Minería (CEEM), y a las comunidades de la Red Iglesias y Minería, a través de la Campaña de Desinversión en Minería. La difusión de esta Campaña, además de la solicitud de un marco legislativo de debida diligencia que garantice el respeto a los derechos humanos y el medioambiente, es uno de los objetivos de la visita y constituye una herramienta concreta para corresponsabilizar a los bancos y grupos inversores a la hora de cambiar el modelo económico extractivista, que genera devastación de la Tierra y las personas.

EL VALOR DE LA VIDA EN TIEMPOS EXTRACTIVISTAS

La ruptura de la presa de Brumadinho, en enero de 2019, un dique minero con aguas residuales de la mina Córrego de Feijão, derramó miles de metros cúbicos de agua y barro tóxico sobre la región. El desastre ambiental enterró a 272 personas y parte del río Paraopeba. Unido a este grave accidente, la mina sigue cobrándose vidas y la culpable de todo esto es la compañía minera Vale.

“Imagina, por un momento, que alrededor de tu casa hay cinco empresas de fundición de minerales que se ponen a trabajar con sus hornos de altísima temperatura y arrojan gases tóxicos, humos y cenizas. Tu casa se llena de polvo, el aire se vuelve irrespirable, las aguas se contaminan, tus plantas mueren, tus mascotas languidecen, tu familia enferma…”. Esta es la realidad que la comunidad de Piquiá de Baixo, en el estado de Marnahao de Brasil, lleva viviendo desde hace más de 30 años.

Los pueblos del suroeste antioqueño de Colombia no se entienden separados de la naturaleza. La evidencia del territorio de las zonas mineras en este país habla de generación de economías ilegales e informales y de grupos armados, que ponen en riesgo la calidad de vida comunitaria. Prefieren un desarrollo regenerativo, en armonía con la vida, y valoran la riqueza de la biodiversidad, también amenazada en el departamento de Putumayo donde hay concesiones mineras para la extracción de cobre, oro, molibdeno y otros minerales.

El 9 de enero de este año fue asesinado Pablo Isabel Hernández, reconocido líder comunitario y comunicador social lenca, por defender los derechos de su pueblo hondureño y de la madre naturaleza, constituyendo un ataque contra la democracia y los derechos de las comunidades.

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Más de 314.000 ucranianos han sido atendidos desde el inicio del conflicto dentro y fuera del país.

Cáritas Española se ha sumado este jueves al llamamiento realizado por Caritas Internationalis en favor de la paz en Ucrania. Exactamente un mes después del inicio del conflicto, Cáritas Internationalis insta a que se ponga fin a las hostilidades y se garantice la asistencia humanitaria sin trabas.

“Los intereses políticos no pueden seguir prevaleciendo a expensas de todo un pueblo que necesita desesperadamente asistencia humanitaria. Nos unimos al Santo Padre en sus repetidos llamamientos para que la guerra ‘abominable’ en Ucrania termine de inmediato y para que se ponga fin al sufrimiento de la población a través de una solución pacífica», afirma Aloysius John, secretario general de Caritas Internationalis.

La Confederación de 162 organizaciones de Cáritas nacionales en todo el mundo también subrayan la importancia de tener en cuenta el dramático impacto del conflicto en Ucrania sobre muchos países donde las crisis llevan meses y años produciéndose y ahora están tristemente olvidadas.

El número de personas afectadas un mes después del inicio de la guerra en Ucrania es de al menos 2.421 víctimas civiles, 3.389.044 refugiados -incluidos al menos 1,5 millones de niños- y casi 6,5 millones de desplazados internos.

«Las dos organizaciones ucranianas de Cáritas -Caritas Ucrania y Caritas Spes- han apoyado a la gente desde el primer momento y nunca los han abandonado, ni siquiera en el caso de Mariupol, donde fuertes bombardeos forzaron el cierre de algunos centros locales», asegura.

Hasta ahora, Caritas ha brindado asistencia humanitaria a varios cientos de miles de personas. Las Cáritas nacionales en los países vecinos, incluidos Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumania y Moldavia, están en primera línea para ayudar a los millones de refugiados.

Según el recuento realizado por Cáritas Española de la labor realizada por las distintas Cáritas nacionales en el terreno, más de 314.000 personas han recibido ayuda desde el inicio de la guerra, la mayoría dentro de las fronteras de Ucrania (224.000). Solo en ese país se reparten diariamente más de 23.500 comidas y 5.100 kits de higiene personal.

En zonas de conflicto muy remotas

Cáritas y la Iglesia se encuentran entre las pocas organizaciones que quedan al lado de la población ucraniana, y su presencia de base les permite llegar incluso a zonas de conflicto muy remotas.

«Es por eso que nuestra Confederación insta a los Estados y agencias internacionales a apoyar a las ONG y organizaciones religiosas en primera línea para responder a la crisis humanitaria y entregar la mayor parte de la ayuda y garantizar la protección en Ucrania», afirma John.

Caritas Internationalis pide además a las partes involucradas que garanticen la evacuación segura de los grupos vulnerables, especialmente niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. “Se debe brindar asistencia a las personas necesitadas y a los refugiados sin ningún tipo de discriminación por motivos de nacionalidad”, apunta.

Caritas Internationalis también reitera su llamamiento para la protección de las mujeres y los niños en tránsito, que representan alrededor del 90 % de los refugiados que huyen de Ucrania y que corren un gran riesgo de convertirse en víctimas de la trata de personas.

Se ha informado, también por organizaciones locales de Cáritas, que hay grupos del crimen organizado a ambos lados de la frontera y en los países de acogida. Las víctimas suelen ser engañadas con la oferta de transporte a otros países y alojamiento en casas particulares.

Las distintas Cáritas nacionales y las ONG activas en las fronteras ya están movilizando su red contra la trata para monitorear la situación y proteger a las personas vulnerables.

«Recomendamos enfáticamente que los Estados implementen y fortalezcan los mecanismos de salvaguardia y protección para proteger a los migrantes de los traficantes de personas», agrega John.

Finalmente, la Confederación insta a no olvidar las graves consecuencias que tiene y tendrá el conflicto ucraniano en muchos países del mundo, donde ya se están produciendo graves crisis.

«La guerra en Ucrania tendrá un impacto dramático en términos de inseguridad alimentaria. Por ejemplo, en Siria, el precio de un alimento básico como el pan se ha disparado. Si la Covid-19 aumentó la cantidad de personas en el mundo en riesgo de morir de hambre en 130 millones, es probable que esta guerra aumente esa cifra”, señala.

Katarzyna Kręglicka y su hija Wiktoria, de 6 años, son voluntarias en el Centro Logístico de Cáritas de Lublin, la novena ciudad más grande de Polonia (muy cerca de la frontera con Ucrania). 

Ante las imágenes de la guerra en Ucrania, Katarzyna decidió que tenía que hacer algo y se puso en contacto con Cáritas. “Algunos días también trabajo en la frontera, ayudando a personas mayores y a madres con sus hijos. No puedo quedarme sin hacer nada y tengo que echar una mano”, asegura.

Día y noche, los voluntarios de este centro logístico de Cáritas en Lublin trabaja a destajo para clasificar, empaquetar y preparar todo el material de ayuda humanitaria que llega de otros países de Europa.

Katarzyna es maquilladora y suele trabajar los fines de semana, pero actualmente, como es Cuaresma, no se celebran bodas, por lo que tiene algo de tiempo libre. Desde la mañana hasta la noche, clasifica los artículos junto con Wiktoria, su pequeña hija. El marido de Katarzyna, Raffo, se queda en caso cuidando de su hija Emilia, de tres años.

Wiktoria está orgullosa de ayudar a su madre. No echa de menos el jardín de infancia. “Es aburrido”, dice. Ya ha distribuido sus propios juguetes a los niños ucranianos, en la estación de tren de Lublin, en los primeros días de la guerra. “Entre ellos estaban algunos de sus juguetes favoritos”, dice su madre. Wiktoria ayuda a clasificar, empaquetar y etiquetar los paquetes. A veces pinta en ellos un corazón para la gente de Ucrania.