Más de 518.800 personas trabajan como empleadas de hogar en nuestro país, pero el pasado mes de enero solo 378.805 estaban afiliadas en el Régimen de la Seguridad Social. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), alrededor del 30 por ciento no tienen contrato. Estas bajas cifras de afiliación -unido a que se trata de un sector muy feminizado (el 95% son mujeres) y la mayoría de origen extranjero- hace que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad.
Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) además ha dictaminado que España discrimina a las trabajadoras del hogar al negarles la prestación por desempleo. “Su labor de cuidado es esencial para el funcionamiento de la sociedad, pero sus derechos laborales se encuentran gravemente desprotegidos”, subraya Beatriz Iraeta, del equipo de Economía Solidaria de Cáritas Española.
Frente a esta realidad y con motivo de la celebración -el 30 de marzo- del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, Cáritas reclama un aumento de los niveles de protección de estas trabajadoras. En el marco del Plan de Respuesta ante los efectos socio-económicos derivados del conflicto en Ucrania, Cáritas ha pedido al Gobierno que la prestación por desempleo se aplique a las empleadas de hogar en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores. En línea con la OIT (Organización Internacional del Trabajo), también solicita más oportunidades de empleo, un reconocimiento de la relación laboral a través de contratos dignos, e igualdad en el trato: salarios, horas, vacaciones.
“El Gobierno ha planteado un compromiso de dotarlas de la prestación por desempleo, así como equiparar otros derechos y condiciones para el 2022. Esto unido a una campaña de inspección de trabajo contra los salarios por debajo del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) a empleadas de hogar, hace pensar que el 2022 pueda ser un año de cambios y mejoras para el sector”, apunta Iraeta.
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