La aprobación, en el Consejo de Ministros del 29 de mayo, del Real Decreto-Ley 20/2020 por el que se establece Ingreso Mínimo Vital supone para Cáritas un paso decisivo en la lucha contra la pobreza severa, que nos dignifica como país al reforzar nuestros sistemas de garantías sociales para las personas excluidas y nos acerca a la media europea en materia de ingresos mínimos.
Una medida demandada por Cáritas desde hace años
La necesidad de una renta mínima estatal era una medida demandada por Cáritas desde hace años –es una de las 8 Propuestas políticas presentadas ante las últimas elecciones legislativas— y cuya necesidad había sido planteada de manera reiterada tanto por la Fundación Foessa como por el sector social en su conjunto.
Por propia experiencia, sabemos el alivio que esta medida va a suponer para las extremas condiciones de vida de cientos de miles de hogares españoles –muchos de ellos acompañados por Cáritas— que carecen de ingresos y que podrán acceder a partir de ahora a una medida protectora capaz de garantizar sus derechos básicos. Como se señala expresamente en la Exposición de Motivos del decreto, el ingreso mínimo vital “actuará como un seguro colectivo frente a los retos que nuestras sociedades enfrentarán en un futuro próximo”.
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