El 1 de junio se cumple un año de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2020 de 29 de mayo.
Esta medida –que Cáritas incluyó entre de las ocho Propuestas políticas que, bajo el título “Por una sociedad más justa”, se presentaron a todos los grupos políticos ante las elecciones legislativas de 2019— fue recibida con satisfacción por todas las entidades sociales, aunque desde el primer momento se señalaron las lagunas que impedían el acceso a esta prestación de muchas personas en situación de pobreza y exclusión social.
Modificaciones del Gobierno y enmiendas en el Congreso
Conscientes de estas deficiencias, el propio Gobierno ha ido introduciendo modificaciones para lograr ajustar la normativa a lo que expresa su Exposición de Motivos, que el IMV proteja de forma estructural a la población más vulnerable. A fecha de hoy, son ya 5 las modificaciones aprobadas vía Real Decreto Ley.
Dentro de estas cinco reformas del RDL de mayo del año pasado que se han llevado a cabo –algo hasta cierto punto justificable dado la enorme celeridad con la que se implementó esta medida a causa del impacto social de la pandemia—, algunas han incorporado demandas de las organizaciones sociales para que el IMV llegue de manera real a quienes están en situación de pobreza y exclusión, modificando aspectos de la norma que lo impedían. Es el caso de los cambios introducidos en el RDL 3/2021 de 2 de febrero pasado, que han sido positivos. Ha habido otras modificaciones que no favorecen a las personas a quienes va dirigida esta cobertura, como sucede con la reforma del art. 25.
Junto a ello, cabe recordar que el desarrollo reglamentario de la norma está todavía pendiente.
Ahora mismo, en el Congreso tiene lugar el proceso de mejora del citado Real Decreto, cuyo período de enmiendas se cierra en los próximos días. Y esta misma semana, Cáritas ha remitido a todos los grupos parlamentarios y a los Ministerios implicados una nueva propuesta de enmiendas, ajustada a los cambios que se han ido produciendo en la normativa desde su aprobación
El objetivo de esta intervención de Cáritas ante los órganos legislativos es, como ha venido haciendo desde la aprobación del IMV hace ahora un año, instar a los poderes públicos a acometer las reformas necesarias para garantizar de modo efectivo un ingreso mínimo a las personas en situación de pobreza.
Sólo el 16% de las familias acompañadas por Cáritas perciben el IMV
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